Dos años después de que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) presentara una denuncia contra el Gobierno de España ante el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas por un caso de una ciudadana cordobesa "víctima de malos tratos policiales, el Estado ha contestado sin dar explicaciones a los hechos probados y reconocidos por él mismo de que las lesiones sufridas se produjeron durante la detención".
Según han explicado APDHA, desde la El Ministerio de Justicia "se limitan a negar la veracidad de los hechos acaecidos en 2013 y a destacan la ausencia de evidencias" que prueben que una mujer cordobesa en el transcurso una detención y sin identificación previa de los agentes, que iban de paisano, fue “abofeteada, esposada, golpeada en la cabeza y la nariz y llevada a comisaría sufriendo durante la conducción frenazos violentos que le produjeron continuos golpes en la cara contra la mampara de plástico, mientras los agentes se reían”, según figura en la denuncia.
La mujer, "no recibió en ningún momento en Comisaría la asistencia médica obligatoria -pese a haberla solicitado-, ni asistencia letrada, ni se le informaron de sus derechos y, además, se les retiraron algunas de sus pertenencias que no le fueron devueltas en ningún momento", exponen desde la asociación. Una vez puesta en libertad "con una fractura en la nariz", pidió una ambulancia “con su propio móvil” en la puerta de las dependencias policiales.
Como consecuencia de las lesiones recibidas, "la mujer tuvo que ser operada con anestesia general, hecho que sumado a la experiencia traumática sufrida durante su detención, le produjo secuelas psicológicas". La asociación continúa afirmando que los tribunales españoles consideraron superior la declaración de los Policías Nacionales y "archivaron la denuncia, a pesar de que queda constatado y reconocido por el propio Estado que la ciudadana sufrió las lesiones durante la detención, hecho que a juicio de la APDHA “debió servir para condenar o al menos abrir juicio contra los denunciados e investigar debidamente el caso”.
El pasado mes de febrero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) "condenó a España por trato inhumano y degradante y por novena vez, por no investigar denuncias de torturas". Para la APDHA, "la similitud entre ambos supuestos está en que en ambos casos las lesiones están suficientemente demostradas, nunca fueron negadas por el Estado y debieron producirse durante la detención" (no existían a la entrada y sí a la salida). “No es posible que un ciudadano ileso antes de la detención acabe lesionado, sin que exista ningún tipo de explicación”, asegura la organización.
La APDHA espera un fallo similar al emitido el pasado febrero por el TEDH. En la petición se instaba al organismo internacional que recomendara a España una “investigación exhaustiva” de las circunstancias en las que se produjeron las lesiones para que se tomen las medidas adecuadas contra los responsables de estos actos.
