La Junta de Andalucía alerta sobre la repercusión económica y en materia de seguridad que genera el fraude en el suministro eléctrico. La Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha acogido hoy unas jornadas de trabajo sobre el Fraude en el Suministro Eléctrico a la que han asistido 30 profesionales de la defensa del consumidor que trabajan en diferentes sectores como la Administración autonómica, asociaciones de consumidores, oficinas y puntos municipales de información al consumidor, empresas distribuidoras, comercializadoras e instaladoras de electricidad y juntas arbitrales de consumo, entre otras.
Los delegados de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Manuel Carmona, y de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María Ángeles Luna, han inaugurado esta mañana este encuentro que tiene como objetivo principal concienciar a la ciudadanía sobre las consecuencias que tiene este práctica tipificada como delito en el Código Penal. El objetivo, según Luna “es por un lado, analizar la carga económica que para las empresas y la población general supone esta práctica y, por otro lado, advertir de los riesgos que corren las personas y familias que conviven cerca del defraudador”.
El fraude en datos
Según se ha puesto de manifiesto en esta jornada, los últimos datos del 2015 que maneja las principales compañías del sector (Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa) y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hablan de que en el 2015 aumentó un 25% el fraude eléctrico, abriéndose 184.000 expedientes que suponían una pérdida de 150 millones de euros y 4.000 millones de Kwh (Kilovatios/hora). Según informan las mismas fuentes las principales causantes de este fraude, en el 80% de los casos, son las empresas de diversos sectores industriales y de servicios; y del 20% restante, más del 80%, son particulares que tienen elevados niveles de consumo.
Carmona ha informado que de los 184.000 expedientes a nivel nacional del pasado año, 2.883 corresponden a Córdoba y extrapolando los datos nacionales a la provincia suponen una pérdida superior a los 740.000 de euros, “que pagamos todos los consumidores” y el fraude en el suministro eléctrico de estos expedientes suponía más de 19 millones de Kwh defraudados que se han recuperado, “lo que equivaldría al consumo eléctrico de alrededor de 6.400 personas”. Así mismo el responsable territorial ha hecho hincapié que en el caso de las conexiones ilegales en las empresas, las compañías que cometen fraude perjudican doblemente a sus competidores, “porque consiguen abaratar sus propios productos y servicios suponiendo una clara competencia desleal”.
Para el delegado de Economía, estas cifras nos muestran con claridad la importancia de la jornada de hoy y la importante labor que concienciación “que debemos desarrollar todos los agentes implicados para terminar con este abuso”.
Qué riesgo existe
Pero además de la cuestión económica en este fraude las jornadas analizan un ámbito de suma importancia como son los riesgos que esta práctica ilegal genera. En este sentido, las conexiones ilegales a la red eléctrica y las manipulaciones de los contadores conllevan un elevado riesgo para la seguridad de las personas, ya que se realizan al margen de la legalidad y de la normativa técnica vigente, y sin los requisitos de seguridad necesarios. El riesgo de incendio que conllevan estas manipulaciones de contadores es alto.
Asimismo, también existe el riesgo de pérdida de derechos derivado de esta práctica ilegal, puesto que no cabría reclamar a la distribuidora cantidad alguna por una posible deficiente calidad en la prestación del servicio cuando se está cometiendo fraude. Durante 2016 desde el Servicio de Consumo de la Delegación de Salud se ha detectado un incremento del 100% en el número de reclamaciones por desacuerdo con las liquidaciones efectuadas por fraude con respecto al año anterior.
Herramientas de control
Ante las deudas que el Sistema Eléctrico ha tenido con las eléctricas en los últimos años por múltiples motivos, el fraude entre ellos, y que finalmente asumen y pagan los consumidores, se han llevado a cabo muchas reformas legislativas a fin de reducir o eliminar los sobrecostes que pudieran producirse, potenciándose en este sentido la detección del fraude y su erradicación.
Una de las principales herramientas ha sido la instalación de los contadores telegestionados (implantados ya en una media del 80% del territorio) con lo que la detección del fraude es ahora mucho más fácil que antes, ya que se identifican fácilmente los entornos donde se están produciendo al contrastar el registro de consumidores frente al consumo eléctrico registrado por zonas. En 2018 este tipo de contador 'inteligente' deberá estar instalado en la totalidad de los hogares españoles, según marca la normativa al respecto.
También ha influido para la detección de esta práctica, el incentivo a la reducción del fraude en el sistema eléctrico que reciben las distribuidoras y que equivale al 20% de los importes declarados e ingresados en concepto de peajes defraudados al sistema. Así mismo hay que añadir que el propio Código Penal también lo contempla, estableciendo penas de tres a doce meses de cárcel.
Cómo actuar
La distribuidora es el órgano competente en la detección y descripción del fraude eléctrico, detallando los kwh defraudados: 6 horas diarias de funcionamiento del contador por un periodo máximo de un año. Por su parte, la comercializadora es quien factura la liquidación.
Cuando un consumidor reciba una liquidación por fraude con la que no esté de acuerdo, el procedimiento de reclamación del consumidor pasaría primero por interponer la hoja de reclamaciones a la comercializadora; esperar 10 días hábiles a la contestación y, por último, si esta no le satisface, dirigirse a un Organismo de Consumo de la Junta de Andalucía o de los Ayuntamientos o a una Asociación de Consumidores con esta información.
Un objetivo de esta Jornada es establecer cauces más ágiles de tramitación de reclamaciones entre los Organimos de Consumo y la Distribuidora.
