El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, y el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Salvador Fuentes, han destacado este jueves que el decreto aprobado por el Gobierno andaluz de PP y Cs sobre las viviendas irregulares "humaniza el urbanismo" y podría afectar en la capital a unos 8.700 inmuebles, todos ellos en suelo urbano y urbanizable, según las primeras estimaciones, aunque hay que analizar cada caso. más a fondo, ya que no están contabilizadas las viviendas de suelo no urbanizable.
Además, los Asimilados Fuera de Ordenación (AFO), que va a ser la fórmula seguir, "se han simplificado mucho y están mucho más claros", por lo que en lugar de desarrollarse en una media de entre 10 y 20 años, como hasta ahora, donde sólo dos han salido adelante en los últimos años, van a transcurrir entre uno y dos años, según el propio Fuentes, quien ha aclarado, no obstante, que en el caso cordobés, por la falta de personas, "serán mínimo unos 20 meses".
El responsable del Urbanismo cordobés ha recordado que se produjeron planteamientos anteriores en este sentido en forma de decreto en 2012, 2016 y 2018, pero "sin lograr su objetivo de resolver problemas", al revés, porque "con las propuestas de los gobiernos del PSOE se sembraron expectativas injustificadas y con demasiadas ambigüedades que ahora se han aclarado".
Departamento específico en la GMU
Y como va a ser una medida que afectará a muchas familias de "miles de viviendas", la Gerencia de Urbanismo se va a tener que poner las pilas y crear, en palabras de Fuentes, un "departamento específico" para facilitar las tramitaciones de una situación especial". Eso sí, no será inmediato, porque como ha reconocido su presidente, la Gerencia está mal de personal, además de que se están dedicando a liberar expedientes, tarea con la que se acabará "en uno o dos meses".
Fuentes ha aportado otro tipo de cifras en el sentido de que las parcelaciones cordobesas a las que afecta el decreto ocupan 1.802 hectáreas, y de ellas 376 hectáreas están en suelo urbano y 1.426 en urbanizaba. Hay unas 8.700 viviendas afectadas, de las que 1.900 están en tramo urbano y 6.800 en urbanizable, mientras que en suelo urbano serían ocho parcelaciones y 36 en suelo urbanizable, aunque hay que ver las que cumplirían los requisitos, ha precisado.
Pero tampoco va a ser Jauja. Están las viviendas afectadas por terrenos de especial protección por razones ambientales y culturales, así como los de zona inundable cierta, que no se verán beneficiados por la medida. Y, a pesar de que no hay un cálculo real hecho sobre estas viviendas en suelo no urbanizable, Fuentes calculó unas 4.300.
En cuanto a aquellas parcelaciones que ya tenían avanzado el proceso del AFO, sin haberlo terminado aún, como es el caso de Torreblanca o Alamilla, el concejal popular les ha recomendado que registren primero sus propiedades y luego se vería de todo lo avanzado qué es aplicable para agilizar trámites y seguir avanzando en su caso a base de reuniones.
Porque ésa es otra diferencia con respecto al proceso anterior. Porque hay que ir al Registro de la propiedad a inscribir las viviendas (lo que antes era precisamente el último paso) y luego hay que ir a la Gerencia a solicitar el formulario y las actuaciones para servicios básicos.
También hay que aclarar que el coste de esas actuaciones corre a cargo del bolsillo del propietario, si bien Fuentes ha avanzado que "ya se verá si la Gerencia entra en eso", aunque, por lo pronto en las ordenanzas, que se van a entregar esta misma semana, ya se han producido rebajas pensando en el AFO.
Mientras, el edil ha aseverado que "este decreto es un avance considerable", con el que "el gobierno de la Junta pretende humanizar el ordenamiento urbano en muchas ciudades que hasta ahora suponían un problema, porque no se pretende legalizar una situación irregular, ante la que prescrito el delito no cabe el restablecimiento de la legalidad, aunque sí hay que normalizar la situación", ha argumentado.
Ante ello, ha remarcado que "el decreto persigue humanizar el urbanismo en la ciudad por la precaria situación en la que se encuentran los asentamientos, con riesgo de seguridad y salubridad en la población, que en la mayoría de los casos es el único techo que tienen", así como "falta de saneamiento, depuración y tratamiento de aguas residuales".
Según ha explicado el concejal, "esto pretende proteger el medio ambiente, simplificar procesos y normalizar y equilibrar todo el mapa urbanístico", al tiempo que "deja fuera los casos afectados por tema cultural, medioambiental e inundable", aunque ha avanzado que "ya se verán tratamientos puntuales" en algunos casos.
El "final de años de caos urbanístico"
Por su parte, Torrico, quien ha aclarado que la comparecencia era en la sede del PP, porque es "una consejería del PP la que ha impulsado esta medida", ha señalado que pone "el principio de la solución que afectaba a miles de familias, gente que en su vivienda están en unas condiciones que no son las más adecuadas para la habitabilidad".
De este modo, ha aseverado que "con este decreto ley se pone fin a años de caos jurídico y urbanístico, regulaciones contradictorias y reformas sobre reformas que nunca ponían una solución real", si bien "esta norma pone solución a integrar, normalizar y equilibrar el territorio andaluz y dar una respuesta clara a los dueños de las edificaciones", ha elogiado.
Al respecto, ha defendido que "se actúa para garantizar las condiciones mínimas de seguridad y salubridad y en beneficio de la calidad ambiental", a lo que ha añadido que la nueva regulación "se basa en la simplificación de procesos" sobre las viviendas en las que "la administración no podía actuar de otro modo, porque habían transcurrido el plazo legal para iniciar actuaciones" para regularizar.
En este sentido, ha comentado que "la solución se basa en la ampliación de la declaración de Asimilado Fuera de Ordenación para eliminar las limitaciones anteriores de la aplicación, que obstaculizaban el acceso a la solución a miles de personas".
Además, ha aclarado que "no se trata de una legalización de casas, ni una amnistía, sino de un reconocimiento de una situación ya existente, de irregularidad de una vivienda sobre la que ya no se puede actuar, pero con el AFO pueden inscribir los inmuebles en el Registro de la Propiedad y acceder a los servicios básicos".
Entretanto, el popular ha apuntado que "luego hay que desarrollar la norma, tanto por los propietarios, como por los distintos ayuntamientos, y dará solución en un plazo posible de entre 12 y 18 meses, cuando antes había que esperar hasta nueve años para aprobar la regulación".
