El sindicato CTA, que en la provincia de Córdoba lidera Paco Moro, ha denunciado que hay empresas de transporte de viajeros por carretera, como son Socibus y Secorbus, que tienen concedidas por el Ministerio de Fomento la explotación de las líneas Madrid-Córdoba-San Fernando, Madrid-Sevilla-Huelva-Ayamonte y la Irún-Algeciras, que "no les ha pagado a sus trabajadores las transferencias que realiza la Tesorería General de la Seguridad Social como pago delegado a los trabajadores que están en incapacidad temporal y que la Tesorería sí les ha ingresado a ellos".
El problema es que según la CTA, ninguna de las dos empresas les ha pagado al resto de la plantilla, o sea que no cobran desde el mes de febrero pasado, además de haber presentado un ERTE en el que, aun manteniendo un poco de actividad, la empresa, ha incluido a los representantes de los trabajadores que por ley son los últimos en ir a un expediente de éstos. "Pero estas empresas desprecian los derechos sindicales y los derechos fundamentales de las personas entre los que está la libertad sindical con todo lo que ello conlleva", advierte Moro.
Frente a esos, la CTA exige del Gobierno central "más autoridad y no permitir que las empresas nos tomen el pelo a los trabajadores y se lleven nuestro dinero para aprovecharse de la situación". De hecho, los únicos que pagan son los trabajadores, que "tenemos retenciones del IRPF y consumimos por lo tanto, pagamos impuestos", mientras que las firmas forman SICAS y pagan el 1%.
Según CTA, ni Sercobus ni Socibus pagan a sus trabajadores porque están a la espera de un crédito ICO, del que salió el pasado día 6 una línea a devolver en seis años gestionada por las entidades bancarias "y se agotó a lo largo de esa mismo mañana", porque, "de repente, todas las empresas están en crisis".
Según Paco Moro, la actitud de ambas firmas de transporte, "conocidas por su agresividad patronal" demuestra que "no les importa que sus trabajadores pasen hambre". Así, en diciembre de 2019, por una interpretación de la norma en cuanto al tacógrafo, le quiso poner una sanción de 80 días de suspensión de empleo y sueldo a nueve de sus conductores. "por supuesto, convocamos huelga, aunque en la tramitación se negaron a recoger la documentación que tuvimos que enviarles por burofax, y pusieron un Sercla en el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, con el objeto de ilegalizarnos la huelga, cuestión que evidentemente lo tenía que decir un Juez y no ellos".
