El Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM), órgano consultivo que representa a más de 2.000 asociaciones de mujeres andaluzas, y el Instituto Andaluz de la Mujer, de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, han valorado de manera positiva que finalmente todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados "hayan mostrado a la sociedad el consenso y la unidad que se requiere" ante un problema social como es la violencia de género, reconocida por la ONU como una vulneración de los derechos humanos, y ante la cual "no caben debates, ni ideologías ni posicionamientos políticos". La vicepresidenta segunda del CAPM, Estela Sánchez, ha querido expresar su satisfacción por el acuerdo alcanzado "por primera vez" por todos los grupos parlamentarios para crear antes de fin de año una subcomisión en el Congreso con el objetivo de articular un Pacto de Estado en la materia, un consenso que el tejido asociativo de mujeres considera "imprescindible para que esta lucha sea constante, sin cambios normativos ni partidistas".
A ello se ha sumado la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, quien ha recordado que Andalucía propuso ese pacto hace ya un año, con un documento que ha sido elevado al Congreso, y que "sin duda será una buena base sobre la que trabajar y consensuar", ya que contiene medidas básicas como la adaptación normativa al Convenio europeo de Estambul, la ampliación del concepto de violencia de género más allá del ámbito de la pareja (agresiones sexuales, trata, etc), la cobertura asistencial a los hijos e hijas como víctimas directas o la asignación presupuestaria constante a la prevención de esta lacra.
La propuesta andaluza, desarrollada a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), cuenta con el respaldo de los distintos agentes sociales, especialmente el tejido asociativo de mujeres y el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM), que aportó en julio de este año más de 500 propuestas al pacto. Previamente, el borrador inicial fue acordado por el Consejo de Gobierno en su reunión de 17 de noviembre de 2015 y remitido al Gobierno central y a otras instituciones, asociaciones, sectores y agentes sociales y colegios profesionales, que se han ido sumando a lo largo de los últimos meses.
El texto plantea, entre otras medidas urgentes, la suspensión del régimen de visitas a las hijas e hijos de los maltratadores, la consideración de la violencia de género como terrorismo machista; la reposición del presupuesto estatal en prevención y asistencia social, recortado durante los últimos cuatro años un 17%; la formación especializada de profesionales que trabajen con víctimas; el impulso de la coeducación en todas las etapas educativas, y la inclusión en las estadísticas oficiales de las víctimas indirectas (familiares, amistades y entorno más íntimo de las mujeres) para conocer el alcance real de esta lacra, entre otras iniciativas.
