Para la Confederación Andaluza por la Legalización Urbanística (CALU), que preside el cordobés Francisco León, la reforma de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que el pasado miércoles aprobó el Parlamento de Andalucía "supone un avance normativo para facilitar que determinados derechos humanos, como al acceso al agua potable y al saneamiento de todas las personas, sea por fin una realidad en viviendas de suelos no urbanizabas", según un comunicado remitido por el colectivo a este periódico.
En palabras de esta plataforma, la "justamente denostada , nacida en plena burbuja inmobiliaria (año 2002), en la práctica está enfocada a regular la edificación de nueva planta en terrenos que los sucesivos planes iban clasificando como urbanizabas". Se trata, en opinión de CALU, de una ley que no sólo dejaba en el olvido buena parte de las viviendas existentes -algunas con decenas y hasta más de cien años de antigüedad-, sino que al hacer extensiva su normativa a las edificaciones antiguas, iba dificultando más su regularización y el acceso a los servicios básicos de agua, saneamiento y la energía eléctrica, "de multitud de personas que tienen en ellas su domicilio habitual".
Medidas transitorias
Y es que el acceso a esos servicios en la Andalucía del siglo XXI "no puede demorarse" en el tiempo y se hace necesario, según León a través de su comunicado, "arbitrar medidas transitorias que los hagan accesibles de manera inmediata a todas las personas, sean cual fuere el estado de regularización de las viviendas que constituyen su domicilio, para que podamos decir y con razón, que en nuestro país se respetan los derechos humanos".
Por este motivo, "saludamos con alegría la reforma legislativa recientemente aprobada de la LOUA, sin menoscabo de considerarla claramente insuficiente", ya que sigue poniendo "cortapisas innecesarias" al acceso a esos servicios a las viviendas sitas en suelos en proceso de regularización, y que "incomprensiblemente ven endurecidas las condiciones para acceder a algo tan elemental, a la aprobación de instrumentos de ordenación pormenorizada, o al ajuste de los proyectos de suministros de estos servicios a un Proyecto de Urbanización".
Según eso, CALU "insta" al Parlamento andaluz a que dé ese paso, y que responda "al justo clamor de tantas personas con derecho a tener unas condiciones de vida y salud dignas", añade la nota. De igual modo reclama a la Camara de Andalucía que redacte y apruebe una Ley que sustituya a la actual LOUA y que priorice el uso residencial de los suelos actualmente ocupados por viviendas, sobre nuevas transformaciones del suelo rústico, rompiendo, así, con la dinámica de condena a terminar convertidos en "guetos de pobreza y marginalidad".
