El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), que preside Juan Andrés de Gracia, ha criticado, a través de un comunicado, que el Ayuntamiento de Córdoba ha obviado, cuatro años después de su aprobación en Pleno, el 23 de septiembre de 2014, el acuerdo unánime en relación a formular la innovación del PGOU, o su revisión, como ejecución del Avance sobre Identificación y Delimitación de los Asentamientos Urbanísticos y de los ámbitos del Hábitat Rural diseminado, determinando su conveniencia y oportunidad.
Una labor de modificación del Plan Urbanístico cordobés que, por cierto, se encomendó al Servicio de Planificación de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), al tiempo que se "instó" a la Junta de Andalucía a que en la próxima modificación de la LOUA, anunciada por su entonces presidenta, Susana Díaz, en el Pleno del Parlamento Andaluz del día 17 de septiembre de 2014, diera igualmente respuesta a la situación de 4.419 familias de Córdoba que tienen su vivienda reconocida en el Avance.
Ha transcurrido el tiempo, y, según el CMC, "no se ha iniciado esta innovación o revisión del PGOU, a pesar de ser una obligación legal del Ayuntamiento derivada del artículo 13 del decreto 2/2012 de 10 de enero, procedimiento en el que el Consistorio debe decidir si se inicia la clasificación de estos asentamientos como suelo urbano no consolidado o suelo urbanizaba, según circunstancias, y se debe valorar si la especial protección a la que puedan estar sometidos los suelos mantienen los valores que se pretendían proteger o no".
Esta situación de inmovilizo o inacción provoca, en opinión del CMC, que estos asentamientos no hayan podido acogerse a las siguientes modificaciones de la LOUA que han entrado en vigor tanto en 2016 como en 2018, y que permiten adelantar servicios o favorecer el proceso de legalización de los asentamientos.
"Tampoco se permite a las viviendas identificadas como edificaciones aisladas en el inventario realizado que puedan acogerse a la dotación de servicios vía Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO) o al adelantamiento de servicios, por mantenerlos dentro de zonas de especial protección", añade la nota. De hecho, en este momento, urge valorar si las condiciones de protección que presentan los suelos donde están las edificaciones aisladas mantienen los valores que justifican su calificación como de especial protección.
Y es que "las sentencias judiciales y la experiencia directa nos dice que los valores a proteger han desaparecido en gran medida, o que se pueden proteger haciéndolos compatibles con la existencia de las viviendas que ya han ganado su derecho a existir".
En cualquier caso, pare el Consejo, esa revisión o innovación del PGOU debería determinar, igualmente, si las viviendas situadas en zonas de 'riesgo' mantienen esta situación o se define el mecanismo para poder superarlo. Porque, la Junta de Andalucía ha promovido desde entonces dos modificaciones más de la LOUA, que, siendo positivas, son "limitadas al dejar fuera de su aplicación a aquellas viviendas que no sigan reconocidas por el PGOU, o sigan dentro de la especial protección, lo que sólo se podrá superar mediante el mecanismo antes descrito".
Esto implica que se hace por tanto iniciar imperioso el procedimiento legalmente obligatorio para incorporar los asentamientos urbanísticos al PGOU y para poder dotar de servicios a la gran mayoría de las viviendas en parcelaciones de la ciudad. "Igualmente, consideramos que, una vez iniciada esta revisión, y de acuerdo con lo acordado verbalmente hace dos años con la Federación de asociaciones vecinales Al-Zahara, se podría ampliar esta revisión a lo que son los núcleos periféricos de la ciudad que no han visto satisfechas sus demandas con el desarrollo del PGOU actual".
Por lo pronto, según el comunicado, hay "tiempo suficiente" en el presente mandato municipal para iniciar los trabajos técnicos que no dejan de ser una obligación legal. Eso sí, las decisiones políticas quedarán para la próxima Corporación que salga de las urnas el próximo mayo de 2019. "No podemos esperar a una posible nueva legislación urbanística andaluza que queda en el aire tras las últimas elecciones autonómicas", señala, ya que "la posible falta de personal del servicio de planificación se puede superar con la contratación de una asistencia técnica, como en otros muchos expedientes".
Desde el CMC, la propuesta es clara en este sentido. En primer lugar, se propone acordar la formulación de la innovación del PGOU, o su revisión, en ejecución del Avance sobre Identificación y Delimitación de los Asentamientos Urbanísticos y de los ámbitos del Hábitat Rural diseminado, determinando su conveniencia y oportunidad.
De igual modo, se propone acordar el inicio de los trabajos de dicha modificación del PGOU, encomendando su redacción al Servicio de Planificación de la GMU, "pudiendo optarse por una asistencia técnica si procede", pero debe iniciarse el expediente en el primer trimestre de 2019. No más tarde para llegar a tiempo.
Ampliar la innovación a una revisión de las determinaciones del PGOU que afectaban a la periferia y que han quedado sin desarrollar parcial o totalmente, es la tercera parte de la iniciativa del CMC en este sentido. La pelota queda en el tejado del Ayuntamiento.
