Lunes 18.11.2019
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EDUCACIÓN

CEI Andalucía pide que terminen los expedientes de reintegro contra las escuelas infantiles

Según una asociación  estos expedientes se están resolviendo a los 8 o 9 meses con el correspondiente perjuicio a las familias

Imagen de archivo de una escuela infantil
Imagen de archivo de una escuela infantil
CEI Andalucía pide que terminen los expedientes de reintegro contra las escuelas infantiles

Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía (CEI-A) denuncia que la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) está expedientando a los centros del primer ciclo de Educación Infantil  por errores y presunto “falseamiento u ocultación” de los datos proporcionados por las familias en el proceso de solicitud de bonificaciones para la escolarización de 0 a 3 años en las escuelas adheridas a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. De media, los centros han recibido de uno a tres expedientes de reintegro de la APAE que piden la devolución de hasta 8 y 9 meses de la ayuda (más de 2.500 euros por cada uno). 

Según ha constatado CEI-A, son centenares los expedientes de reintegro que la APAE ha enviado a los centros del primer ciclo de Educación Infantil, a los que acusa de “falsear u ocultar datos” cuando son meros transmisores de la información que proporcionan las propias familias. Además, en muchos casos, los datos que faltan son parte de la información que la Agencia puede recabar gracias a la autorización que firman los padres para el cruce de datos entre administraciones, por lo que en ningún caso se trataría de una “ocultación o falseamiento”. Aunque en algunos casos estos expedientes de reintegro no han prosperado en los juzgados, las escuelas infantiles se ven obligadas a hacer un desembolso en asistencia legal y tiempo que les causa un grave perjuicio.

A esto, hay que añadir la petición continuada por parte de CEI-A para la formación de las direcciones de los centros, que con el nuevo decreto –aprobado sin consenso alguno- se han visto sobrepasados por la burocracia y han tenido que aprender de forma autodidacta el funcionamiento del programa Séneca para grabar los datos y adjuntar la documentación presentada por los padres. “El programa no permite cambios ni subsanaciones, por lo que para cualquier modificación hay que llamar a la APAE. La sorpresa ha sido que, por el mero hecho de solucionar una incidencia en una solicitud, la Agencia ha denegado a ese centro el montante económico correspondiente por la gestión de las matrículas y las ayudas”, explica la presidenta de CEI-A, María del Rosario de la Peña. 

Además, estos expedientes se están resolviendo a los 8 o 9 meses con el correspondiente perjuicio a las familias y las escuelas infantiles, que se encuentran con reintegros de devolución inasumibles para un sector que sobrevive a duras penas debido a la falta de natalidad, al bajo precio del precio por plaza (sin actualizar ni siquiera al IPC), a las insuficientes bonificaciones y a la competencia desleal de muchas ludotecas. Hay que recordar que en los últimos años también se ha eliminado la paga compensatoria del mes de agosto, que aún se adeuda el pago de esta última correspondiente al año 2012 y que también desaparecieron las bonificaciones del comedor en el año 2013.

Finalmente, otro de los problemas que los centros y las familias se están encontrando es la disparidad de criterios entre la APAE y el Decreto-Ley 1/2017 que regula las escuelas infantiles a la hora de establecer unos criterios para la “unidad familiar”, ya que la normativa cuenta las personas que conviven con el menor, mientras que la Agencia necesita, además de la acreditación de convivencia, el documento de separación legal de los progenitores.

Por todo lo anterior, CEI-A expone que la APAE está llevando al límite a las escuelas infantiles que tienen que afrontar las sanciones de la Agencia Pública Andaluza de Educación. Un gasto que, además, no pueden repercutir en las familias, que son las responsables últimas de los datos que se proporcionan. En primer lugar, por el perjuicio que les crearía, a lo que hay que añadir que la mayoría se encuentran en situación de insolvencia. 

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