La Mesa General de Universidad ha sido convocada tras más de cinco años de espera, durante los que CCOO ha reclamado su convocatoria con numerosas movilizaciones, según un comunicado de prensa del sindicato. Según el responsable de Universidad de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Arístides Muñoz, “en este periodo se han producido duros recortes en la financiación de estas entidades públicas y en los derechos de los trabajadores y trabajadoras que las sustentan”.
Así, ante la oportunidad que se brinda con esta convocatoria, Muñoz indica que “CCOO lleva a la mesa de negociación una batería de medidas para que sean incluidas en el nuevo modelo de financiación de las universidades públicas andaluzas para el periodo 2017-2021 y la propuesta de un pacto que contemple la recuperación de derechos las plantillas que las forman”.
En este sentido, el sindicato explica que los criterios propuestos para el nuevo modelo de financiación de la universidad andaluza y su exigua financiación en los presupuestos andaluces de 2017, han sido los principales motivos de desencuentro entre la Junta de Andalucía, rectores y sindicatos, lo que impedido el cierre del nuevo modelo junto con la aprobación de los presupuestos para 2017.
CCOO llevará a la mesa propuestas para un modelo de financiación que garantice el actual sistema universitario público andaluz y sus diez universidades, aumentando su financiación del 1,05% al 1,6% del PIB en el periodo 2017-2021, de manera que se acerque a la media europea.
Además, señala Muñoz, “CCOO defenderá la recuperación de la carrera profesional, frenar la privatización de los servicios y las encomiendas de gestión, el impulso a la investigación básica y aplicada, sin olvidar las ayudas a las familias, mediante el incremento de becas u otras medidas que eviten que ningún joven andaluz deje de estudiar por motivos económicos”.
Por su parte, el coordinador de profesorado de universidad de CCOO, José Enrique Calleja, ha informado de que “el sindicato propondrá un nuevo pacto en defensa de la universidad pública, en el que deben participar los agentes sociales, el Gobierno andaluz y los rectores, que contemple la recuperación de derechos y de la negociación colectiva, así como, del empleo perdido en estos años de recortes”.
