El Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba exige, a través de un comunicado público, que la Dependencia deje de ser una actuación de beneficiencia y se la considere de una vez por todas un derecho básico para la consecución de la sociedad del bienestar. "La Dependencia debe ser un derecho universal y gratuito para la ciudadanía, con las mismas garantías y procedimientos en todas las comunidades autónomas", ha señalado Eduardo Ameda, responsable del Área Externa y Negociación Colectiva del mencionado sindicato provincial.
El sindicato critica a la Junta de Andalucía y al Gobierno central, que "en época de discursos electoralistas y de difusión mediática se jactan de defender la Ley de Dependencia a capa y espada cuando la realidad es bien distinta, dándose situaciones dramáticas por incumplimiento de la Administración en su responsabilidad al respecto".
Según un informe del Defensor del Pueblo, en Andalucía, a fecha de diciembre de 2016, constaban 95.933 personas valoradas en grado protegible y reconocidas en situación de dependencia sin que se hubiera aprobado su Programa Individual de Atención (PIA), después de haber trascurrido más de seis meses desde la presentación de la solicitud. De estas personas han fallecido 31.212 sin tener reconocida su prestación. Si se atiende al plazo previsto en la norma autonómica para dictar la resolución de reconocimiento de la situación de dependencia, que es de tres meses, se observa que no han sido valoradas 78.202 personas y que han fallecido 20.294 personas sin que se les hubiera aplicado el baremo, lo que supone un 25,95% de las personas afectadas por la demora administrativa.
Retraso acumulado
A esta cruel realidad se une, en otros casos, que cuando se aprueba la prestación el retraso acumulado hace que ésta sea insuficiente, porque el grado de dependencia es mayor y se tiene que iniciar un proceso administrativo nuevo. "Un calvario burocrático que lleva a la desesperación y los juzgados a usuarios y familiares", dice Ameda.
A pesar de la recomendaciones reiteradas del Defensor del Pueblo Andaluz y del Defensor del Pueblo, de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con pronunciamientos favorables a los derechos de la ciudadanía en este tema y de las advertencias de la Cámara de Cuentas de Andalucía en la demora de la prestación, la Administración andaluza ha hecho caso omiso y sigue sin garantizar este derecho.
Recientemente, ante la envergadura y gravedad del problema, la Junta de Andalucía aprobó el Plan de medidas para la reducción del tiempo medio de respuesta asistencial en materia de dependencia en Andalucía, una tímida reforma que tiene más un efecto mediático que práctico.
En cuanto a los Ayuntamientos, que tienen la competencia de la gestión de los servicios que presta la Ley, han concertado con empresas privadas el servicio de Ayuda a Domicilio y de la Dependencia, creándose un entramado empresarial con ambiciones especulativas en un derecho fundamental y tan sensible como es la dependencia. De hecho, existen múltiples sentencias que condenan a empresas de este sector por no respetar derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores.
Las aseguradoras
Al mismo tiempo, las empresas aseguradoras ven con buenos ojos el desmantelamiento de este derecho social, y lo evidencia el aumento en los últimos años de esta cobertura en el ámbito privado. "Éste es, sin lugar a dudas, un negocio rentable y seguro a largo plazo", reconoce el responsable sindical que reclama que sean empresas públicas las que presten los servicios incluidos en la ley porque "favorece el empleo estable y de calidad, es más digno y más humano, y no tiene connotaciones mercantilistas que deterioran la asistencia de esta prestación social".
Por ello, CCOO reclama a la Junta que asegure los recursos materiales, humanos y tecnológicos necesarios para acabar con el limbo de la Dependencia, para que las tramitaciones de las prestaciones de los usuarios y usuarias sean eficientes, con coberturas asistenciales de calidad y que no queden en una lista de espera antes de morir o que mientras esperan a recibir su prestación aumente su grado de dependencia.
"La recuperación económica no sólo puede ir a parar a los accionistas del Ibex 35, a las multinacionales y a los paraísos fiscales. Tiene que revertir en derechos sociales y laborales, recortados perversamente en años anteriores", apostilla Eduardo Ameda.
