CCOO de Córdoba se suma un año más a la Jornada Mundial por el Trabajo Decente que viene promoviendo desde 2008 la Confederación Sindical Internacional (CSI) cada 7 de octubre y que este año girará en torno al lema “Alto a la codicia corporativa. No a los contratos basura, los bajos salarios y la precariedad. Trabajo Decente ya!!!”.
El sindicato se concentrará en la plaza de las Tendillas para hacer visible la demanda de trabajo decente, que se ha ido incrementado año tras año dado el declive que ha sufrido el mundo del trabajo donde la nueva economía mundial, lejos de generar crecimiento y bienestar para las personas, ha incrementado la pobreza y desigualdad a escala mundial.
Si los gobiernos no ponen límites y condiciones a la actuación de las empresas y estas persiguen como único objetivo obtener el máximo beneficio al menor costo, el modelo económico y comercial basado en cadenas de suministros, grandes multinacionales, deslocalización de empresas, subcontratación y franquicias, hará crecer la explotación, la desigualdad y la pobreza en todo el mundo, recoge el manifiesto firmado por los sindicatos en el marco de esta jornada de movilización.
A nivel nacional e internacional, este modelo donde prima la codicia, afecta a millones de personas que trabajan en condiciones de esclavitud, explotación o irregularidad, por salarios bajos o de miseria que incrementan la pobreza. Un modelo que, además, suprime derechos fundamentales, incluidos los que permiten a los trabajadores organizarse, negociar y defenderse colectivamente. Las políticas de austeridad, las sucesivas reformas laborales y la Ley Mordaza han agravado la situación de las trabajadoras y los trabajadores, continúa el manifiesto.
Por ello, los sindicatos exigen trabajo decente, respeto a los acuerdos de negociación colectiva y a los derechos de los trabajadores para quienes están empleados directamente por las empresas y las grandes multinacionales, y para los trabajadores y trabajadoras que constituyen una mano de obra oculta a través de las diferentes fórmulas de subcontratación, deslocalización o franquicias. Es preciso establecer mecanismos reales y efectivos que permitan exigir responsabilidades a las empresas por su actuación, tanto dentro, como fuera de nuestro país.
De esta forma, las organizaciones sindicales exigen garantizar por ley a nivel europeo y nacional que las empresas que subcontratan, mediante cualquier fórmula, sean responsables subsidiarios de los salarios y la protección social de los trabajadores y trabajadoras de las empresas subcontratadas se encuentren estas donde se encuentren, así como que las empresas que utilizan cadenas de suministros exijan que todos sus proveedores, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mantengan condiciones de empleo decentes, respeten los convenios colectivos y los derechos fundamentales, incluidos los derechos sindicales.
Asimismo reclaman establecer por ley como requisito en la contratación pública la exigencia por parte de los organismos contratantes a las empresas de quienes adquieren bienes o servicios, el respeto a los convenios colectivos aplicables y condiciones de trabajo decente, una exigencia que extendemos a las franquicias y filiales de las grandes empresas, tanto en nuestro país como en el extranjero y derogar las reformas laborales de 2010 y 2012, y recuperar derechos laborales arrebatados a los trabajadores.
La garantía de una Prestación de Servicios Mínimos que garanticen ingresos básicos para las personas que carecen de empleo y establecer incrementos salariales que contribuyan al crecimiento económico y del empleo y profundizar, en la negociación colectiva, en el desarrollo de cláusulas que ayuden a impulsar el empleo y, sobre todo, a mejorar su calidad, son otras de las peticiones de los sindicatos que quieren fijar un SMI de 800 euros en el primer año y subidas progresivas durante la legislatura, hasta alcanzar el 60% del salario medio de nuestro país.
Por último, los sindicatos instan a derogar la ley 4/2015 de protección de seguridad ciudadana (“ley mordaza”) y el artículo 315.3 del Código Penal que criminaliza facultades esenciales para ejercer el derecho de huelga e instan al Gobierno a que dé cumplimiento, modificando el Estatuto de los Trabajadores, a la Directiva 1999/70/CE al objeto de garantizar el cumplimiento de las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de la UE el pasado día 14 de septiembre y que señalan la discriminación y el abuso en la contratación temporal en nuestro país.
