Delegados y delegadas sindicales de CCOO en el Grupo Banco Popular, junto a empleados y empleadas de la entidad, se han concentrado por tercera vez ante la oficina central de Banco Popular en Córdoba para mostrar su rechazo al expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por la empresa y que supondrá miles de despidos, de los que unos 27 aproximadamente serán en Córdoba, según un comunicado de la central sindical.
En la última reunión de la mesa negociadora la dirección del Grupo disminuyó el número de trabajadores y trabajadoras que se verán afectados por el ERE de 2.900 a 2.592, una cifra que sigue sin convencer a CCOO, que pretende seguir reduciendo los efectos de "este salvaje despido colectivo", dijo el presidente del comité de empresa de Banco Popular en Córdoba, José Medina (CCOO).
A pesar de que las movilizaciones han dado cierto resultado, al reducirse en más de 300 las personas de las que se pretende prescindir, la realidad es que Andalucía sigue siendo la comunidad más perjudicada por el ERE. Así, mientras que el resto de comunidades puede verse afectado en torno al 20% del personal, en Andalucía la reducción puede llegar al 30%, o lo que es lo mismo, a unas 529 personas de las 1.892 que componen la plantilla actualmente. Porque, si bien es cierto que una buena parte de las salidas se harán mediante prejubilaciones, no lo es menos que siguen encima de la mesa 400 despidos forzosos de los que la mitad pueden ser andaluces. Estas cifras son "incomprensibles e inaceptables", toda vez que existe margen para ampliar la edad de prejubilación de la plantilla, evitando con ello la salida forzosa de personas con edades comprendidas entre los 50 y lo 56 años o menos.
El cierre de casi 60 oficinas en Andalucía, siete de ellas en la provincia de Córdoba, y el despido de más de 500 personas del Banco Popular seguirá contribuyendo al deterioro del tejido económico andaluz, a aumentar las cifras del desempleo, a ampliar la exclusión financiera y la capacidad de concesión de crédito, y consecuentemente, en lastrar el desarrollo económico de una comunidad cuyas cifras de desempleo deberían sonrojar a los poderes públicos, añade CCOO. Por ello, el sindicato exige la mejora de las condiciones de los despidos y el respeto a la voluntariedad de las bajas incentivadas y prejubilaciones.
