El alcalde de Córdoba,José María Bellido (PP), ha pedido esta mañana la dimisión del actual presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, puesto que la votación de ayer en el Congreso rechazando el Real Decreto sobre el uso de remanentes "le ha deslegitimado para representar a los municipios españoles".
Según Bellido, Caballero "forzó una votación en el seno de la FEMP, a sabiendas de que saldría adelante sólo con su voto de calidad; ha dinamitado la Federación; estamos ya en septiembre y seguimos sin solución para las necesidades de financiación de los municipios".
Por esa razón Caballero "no debería seguir al frente", aunque "en los mismos términos podríamos hablar de la ministra Montoro". Frente a eso Bellido ha dicho que "vamos a trabajar, en lugar de dedicarnos a pedir dimisiones, para resolver la situación".
Entre otras cosas, tras calificar de "infantil" la salida de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien nada más perder la votación señaló que "ya no iba a hacer nada más y que dejaba todo en mano de los grupos políticos".
Según el regidor cordobés, lo ocurrido ayer en el Congreso es "un victoria histórica del municipalismo español", ya que es la cuarta vez que en Democracia un decreto ley no se convalida por el Congreso y, además, ha logrado aunar a fuerzas distintas plurales y planteamientos políticos enfrentados en la defensa de sus pueblos y ciudades.
Fueron 193 diputados los que votaron en contra del decreto de 10 partidos distintos. Salvo PSOE y Podemos, que "al igual que ocurrió en el Pleno cordobés, han quedado retratados ante la sociedad al anteponer intereses de sus partidos y del Gobierno al de la ciudad".
Bellido ha rechazado el término 'rebelión' que se le ha dado a la nueva situación. "Es una apuesta real por el municipalismo mejor dicho que ha sido bien acogida por muchos partidos".
Lo que resta por hacer ahora, en su opinión, es recoger lo positivo que tenía el real decreto rechazado, es decir el apoyo al transporte público, la exoneración de cumplir con la regla de gasto este ejercicio y las inversiones financieramente sostenibles (IFS) y evitar que miles de municipios que representan a millones de ciudadanos y ciudadanas y que carecen de ahorros se queden sin nada.
"Hay que liberar el uso de los remanentes, además de crear un fondo incondicional sin aportaciones previas de los ayuntamientos y que lo ponga el Gobierno de unos 5.000 millones, ya que dicen que no tienen problemas de conseguir financiación", ha pedido Bellido, quien solicita igualmente que no haya "rencor, revanchismo ni venganza por perder una votación", y se dialogue "porque las necesidades son las mismas hoy que ayer".
En su opinión hay disposición y felicidad para llegar a buen puerto, en lugar del "chantaje de ayer en plan hay lentejas o las tomas o las dejas; en los ayuntamientos, además de medios, tenemos dignidad".
Concretamente en Córdoba existe un Plan de Choque acordado con patronal y sindicatos y con el apoyo de Vox al cogobierno local tenemos un plan de choque con CECO, sindicatos, firmado con Vox (mayoría) que está ala espera de financiación para ejecutarse. Eso implica salva a Aucrosa y ayudar al funcionamiento de Sadeco, inversiones sostenibles para gasto social y vehículos eléctricos, y sacar adelante "planes alternativos para el resto de remanentes que tenemos pensado".
El temor de Bellido, aunque ya ha advertido que "no es pensarle que puedan caer en ese error terrible", es que por revancha el Ejecutivo central no permita este año el gasto en Inversiones Financieramente Sostenibles. "Sería el colmo de la desfachatez cuando se ha hecho todos los años". El problema es que para las IFS cada año se modifica la Ley de Estabilidad Presupuestaria, así que a día de hoy ningún ayuntamiento que no las haya aprobado en agosto podría ejecutar este tipo de inversiones en 2020.
Sería necesario un nuevo decreto o normativa que les permitiera a los consistorio tener IFS. En el caso cordobés, según Bellido, el Ayuntamiento podría contar con hasta 33 millones de euros para uso en sus necesidades.
De ellos, 4,6 millones serían para gastos sociales, otros 1,6 millones para la adquisición de vehículos híbridos, 9 millones más de libre disposición para el Plan de Choque, además de "una reserva por si si se complicara la situación para salvar a Aucorsa y ayudar a Sadeco". El resto, unos 16,7 millones pensados para IFS, habría que destinarlo a amortizar deuda si no se puede usar para lo otro, "está en el aire".
En este punto Bellido ha recordado que el titular de la Ley Montoro, el propio exministro, ha indicado que para casos excepcionales como es la de la pandemia, esa ley podría no aplicarse, "pero da la sensación de que el Gobierno es quien no quiere derogarla o, por lo menos, facilitar que no se aplique con la pandemia".
