El concejal de Urbanismo, Salvador Fuentes, ha delimitado a diez inquilinos de viviendas de protección oficial los que causan problemas suficientes como para ser desalojados en breve. Fuentes ha detallado que su área ya cuenta con un borrador y que se va a actuar "rápido y con la máxima contundencia". El pasado 19 de julio ya anunció que habría acciones entre un pequeño porcentaje de las 500 personas que no pagan los alquileres públicos. Estos diez inquilinos, a juicio de Fuentes, "pueden pagar una vivienda de alta gama". Junto a eso, ha añadido, generan graves problemas de convivencia.
El responsable de Urbanismo ha vuelto a calificar a este tipo de inquilinos como "tóxicos". El pasado mes de julio ya hizo equivaler su comportamiento con el de una "okupación" y lo diferención del de la mayoría de impagados que sí pueden justificar su mala situación económica. De momento el informe de Urbanismo delimita a diez los inquilinos a desalojar. Fuentes, eso sí, ha indicado que habrá un paso previo. Se trata de la puesta en marcha de una comisión, en la que se incluirá a Stop Desahucios, que certifique la necesidad de las acciones que el Ayuntamiento prepara y evalúe todo el proceso.
