PLENO DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA

Aprobadas por el Pleno de la Diputación las ordenanzas fiscales para 2018

Se aprueban varias modificaciones de crédito, entre ellas del IPBS, del Consorcio de Bomberos y de la Fundación Botí

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photo_camera Foto de archivo del Pleno de la Diputación Provincial de Córdoba

El Pleno de la Diputación de Córdoba ha aprobado este miércoles, en su sesión ordinaria de octubre, la propuesta de ordenanzas fiscales de la institución provincial para 2018, que supondrá una reducción del cinco por ciento en el recibo que pagan los ciudadanos por el servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos, que realiza la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente (Epremasa), y una subida del uno por ciento en las tasas de la Empresa Provincial Aguas de Córdoba (Emproacsa) por el servicio de suministro de agua.

A este respecto y en declaraciones previas a los periodistas, el vicepresidente cuarto de la institución, Salvador Blanco, ha destacado que "la empresa provincial deja de cobrar en el recibo el diez por ciento de IVA, pero es un cinco por ciento la cantidad que verán reducida en su factura los ciudadanos, ya que el cinco por ciento restante es empleado por Epremasa para pagar a las empresas que contrata".

En cuanto a las ordenanzas fiscales de Emproacsa, el también presidente de la empresa provincial ha explicado que "se incrementa un uno por ciento el servicio de abastecimiento, tanto en alta como en baja y también la depuración".

En este sentido, el portavoz del Grupo Provincial de Izquierda Unida, Francisco Ángel Sánchez, ha señalado que "va a suponer un ingreso importante para la empresa pública, siendo una inyección para su viabilidad económica, y al mismo tiempo, una rebaja importante para los usuarios en el recibo de basura. Es una apuesta por la empresa pública y también para el bolsillo de los ciudadanos".

Con respecto al incremento del uno por ciento en las tasas de Emproacsa, Sánchez ha reiterado que "es una subida moderada y fácil de asimilar". Además, ha continuado, "las inversiones en canalizaciones y conducciones, lo que se conoce como suministro en alta, antes eran financiadas por fondos europeos y por la Junta de Andalucía y ahora las tiene que financiar la propia empresa".

Asimismo, ha recordado que los dos últimos años se ha incrementado un uno por ciento el salario a los trabajadores y que, con cargo a este incremento, se van a realizar inversiones en tres proyectos por importe cercano a lo nueve millones de euros, incluidos en el Plan de Actualización de las Infraestructuras de Abastecimiento de Agua en Alta de la Provincia.

Modificaciones del crédito 

Por otra parte, la viceportavoz del Grupo Provincial Socialista, Dolores Amo, ha destacado la aprobación de varias modificaciones de crédito. En concreto, ha señalado una, con una cuantía de 367.000 euros, destinada a sufragar los gastos derivados de la salida del municipio de Baena --por tener menos de 20.000 habitantes-- y la prestación del servicio en el mismo por parte del Consorcio. Igualmente, ha explicado Amo, "hemos tenido que asumir en 2017 la cuantía de más de 120.000 euros provocada por el pago de las costas de distintos procesos judiciales iniciados en años anteriores".

De igual modo, la viceportavoz ha destacado otras modificaciones de crédito destinadas a la firma de varios convenios de colaboración por parte del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) --con la Asociación de Sordos de Córdoba, la Asociación de Diabéticos del Sur, Federación de Alzheimer, Fundación Prolibertas, etcétera-- y a acuerdos en materia de turismo y cultura.

Amo ha valorado una modificación de crédito que incidirá en la mejora de la empleabilidad ya que "permitirá a la Delegación de Empleo firmar convenios con distintos agentes sociales, como la Asociación de Autónomos, Fundecor y BATÁ", entre otros.

Por último, el Pleno ha aprobado por unanimidad una proposición relativa al cumplimiento del Real Decreto 1/2013 sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad. En este sentido, la Diputación de Córdoba asume el compromiso de ampliar el objeto y finalidad del Plan de Eliminación de Barreras Arquitectónicas para que los municipios puedan elaborar, actualizar o modificar sus propios planes.