Sábado 21.07.2018
Cordoba Hoy

La UCO constituye la comisión para prevenir conflictos en acoso laboral

Su misión será la de abordar aquellos casos que pudiesen generarse en la comunidad universitaria o su entorno relacionado

Su ámbito será el universitario y su entorno
Su ámbito será el universitario y su entorno
La UCO constituye la comisión para prevenir conflictos en acoso laboral

La Universidad de Córdoba (UCO) ha culminado su proceso de creación y constitución de la comisión para la prevención y resolución de conflictos en materia de acoso laboral, cuya misión será la de abordar aquellos casos que pudiesen generarse en la comunidad universitaria o su entorno relacionado.

Según ha indicado la institución universitaria en una nota, dicha comisión está formada por el vicerrector con competencias en materia de Prevención, Antonio Cubero, en representación del rector; Fernando Palomares, como jefe del Servicio de Prevención y Protección; y Cristóbal Alférez, técnico del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, con la especialidad de Ergonomía y Psicosociología Aplicada, nombrado por el rector, a propuesta del Servicio de Prevención y Protección.

Igualmente, María Carmen Molina, delegada de Prevención, ha sido nombrada por el rector a propuesta de las Organizaciones Sindicales con representación en la UCO; María Luisa Rodríguez, profesora titular del Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, como experta en materia jurídica; y Laura Barrios, como representante del alumnado.

El procedimiento para la prevención y resolución de conflictos en materia de acoso laboral en la Universidad de Córdoba fue aprobado por Consejo de Gobierno de la Universidad en diciembre de 2017. Dicho protocolo fue elaborado con el objeto de establecer las acciones y procedimientos a seguir para prevenir, evitar y erradicar en lo posible las conductas de conflicto por acoso laboral en la UCO, dando a conocer el mismo a toda la comunidad universitaria e incluyendo pautas para identificar dichas situaciones.

El documento también establece los procedimientos para investigar y resolver las reclamaciones que puedan presentarse de la forma más adecuada, garantizando durante todo el proceso la confidencialidad, seguridad e integridad de las personas afectadas.