La asociación de vecinos La Medina, a través una de sus portavoces, Laura Roda, ha adelantado que tanto su asociación como otros afectados por los cortes de electricidad van a presentar en el pleno del próximo 13 de febrero un informe al Ayuntamiento "en el que demuestra que la empresa suministradora no cumple ni puede cumplir la ley, ni garantiza la calidad del suministro ni puede garantizarla", ha afirmado.
Roda hace un seguimiento exhaustivo de los problemas que llevan sucediendo en la zona desde hace años y que la llevó a demandar a Endesa por graves perjuicios en su establecimiento debido a las subidas de tensión. Multitud de vecinos y negocios han visto como aires acondicionados, cocinas y microondas pasaban a mejor vida por esta causa. "La pasada semana tuvimos dos picos que han vuelto a dañar electrodomésticos y también alumbrado público", ha detallado la portavoz vecinal, asegurando que una casa normal se vienen estropeando de media dos bombillas a la semana. La solución para la Medina es el soterramiento, una vez visto que algunas obras anunciadas no aportan soluciones al unificar el cableado.
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Las medidas de esta empresa privada han servido para aunar puntos con la ciudad por ejemplo con la mediación para que el Córdoba cf no tuviera suspensión de electricidad pero, no para frenar radicalmente lo que los vecinos llevamos exigiendo tanto tiempo". Roda pide que el Ayuntamiento haga frente de manera decidida a este problema.
Según la portavoz de la Medina, Endesa "distrae a la administración presentando registros de incidencia que no se corresponden con la realidad, no deducen las facturas por los cortes; evidentemente por no tener tecnología capaz de detectarlo ni la calidad del suministro, igualmente niegan su culpa a todos y cada uno de las decenas de miles de abonados que en los últimos 5 años han sufrido pérdidas patrimoniales directas e indirectas basando su rechazo en unos registros tomados a kilómetros de donde encuentra el problema y con distinta tensión".
La Medina reclama la suspensión cautelar a todo abonado conectado a redes de centro de transformación que no cumplen la ley ni hacen esfuerzo por cumplirla, es decir, que cese la facturación mientras no puedan asegurar la calidad del suministro. También piden un cambio en la ley para evitar tanto estas situaciones como su prolongación durante años.
