La acusación que ejerce Podemos en la causa que lleva el Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba sobre el uso dado por la Fundación Guadalquivir Futuro y las asociaciones Jóvenes para el Futuro y Vecinos Nuevo Guadalquivir a ayudas, públicas y privadas, que recibieron para bancos de alimentos y para discapacitados, considera que se reconoce que hay "fraude", tras la declaración de uno de los tres investigados citados en esta jornada.
Según ha explicado el abogado de la acusación a los periodistas, en la declaración de dicha personas "ha habido una contradicción", después de que el responsable de una entidad humanitaria dijera que "si se obtuvieran alimentos de dos fondos distintos sería un fraude" y a tal efecto el investigado "ha reconocido que recibía de dos fondos distintos".
En concreto, los responsables de esas organizaciones, Ángeles Muñoz y su hijo Cristian Menacho, han declarado en calidad de investigados solo ante el juez, después de haber abandonado la sala el abogado de la acusación, mientras que la declaración de un tercer investigado, ligado a la Fundación Guadalquivir y sus entidades, es la que más se ha alargado, más de una hora, aunque contestando solo a las preguntas del juez.
En este sentido, el letrado ha indicado que el hombre que ha declarado ha dicho que "jamás ha cobrado un duro de ninguna de las tres asociaciones", pero "sí ha estado dado de alta", precisamente en la Asociación Jóvenes para el Futuro, según ha detallado, para precisar que sus cuestiones se centraban en la acreditación de que supuestamente "se llevaban alimentos de los que percibían como ayudas y los entregaban a sus familiares".
Entretanto, ha remarcado que "está claro es que esta familia ha obtenido fondos de todo lo posible", de manera que "habían pedido dinero de todos lados y evidentemente ese dinero no se sabe si se ha visto reflejado en el avance de un barrio como el Polígono Guadalquivir", a la vez que ha preguntado "por qué se ha podido llegar a entregar tanto dinero a esta gente de tantos sitios y qué se ha hecho con ese dinero".
Al hilo de ello, ha subrayado que "el tema de las mordidas está claro", al tiempo que ha manifestado que "aquí el dinero venga de donde venga parece que una parte correspondiente se tenía que desviar a donde fuera".
Próximos pasos
Mientras, el abogado ha informado de que tras estas declaraciones el juez va a "esperar al informe contable que se realiza en el Juzgado de Instrucción número 8 --donde está la pieza central del caso de las supuestas mordidas de la Fundación Guadalquivir--, y después de lo que resulte, si tiene relevancia para este asunto, seguirá con la cuestión".
Según ha aseverado el letrado, hay que "tener en cuenta que había tres asociaciones, pero una sola contabilidad, la de la Fundación, pese a que una de las asociaciones que recibía cientos de miles de euros no tenía contabilidad", por lo que "habrá que ver en todos los programas el análisis contable".
Por otra parte, ha declarado que "si se hubiera llevado todo en un solo juzgado se vería más claro y se puede extraer que hay nóminas que se emplean para justificar un programa", entre otros aspectos. "Esto es un tema complejo que hubiera exigido que estuviera todo en un mismo juzgado", al tiempo que "se habría llevado también desde Podemos la subvención de 40.000 euros de Diputación que está sin justificar", ha afirmado.
Ante ello, ha argumentado que no estaban de acuerdo en que se "desgajara el asunto" y pedían que "se llevara todo en el mismo juzgado", teniendo en cuenta que "solo hay una contabilidad, son las mismas personas y las mismas asociaciones".
Sin embargo, ha lamentado que "si se trocea el asunto" en relación a este último caso "no hay nada", aunque ha aclarado que "nunca se van a escapar de las mordidas sobre los trabajadores", pero de cuestiones como "por qué aparecían rulos de billetes en Jerez de la Frontera va a estar el caso complicado", ha admitido.
En cualquier caso, ha defendido que "no se archive la causa, al menos hasta que no esté el informe contable de Instrucción 8 para poder ver si en ese informe aparece algo que pueda explicar por qué aparecía dinero en Jerez de la Frontera, se podía ir uno a París a una petición de boda o ir todos los años a Cancún con un sueldo de 1.300 euros".
"Hay mucho que investigar, pero se tenía que haber hecho en un solo jugado, viendo la globalidad de todo y pudiendo unir cabos entre ellos", ha insistido el abogado, quien ha confesado que "de la manera actual es complicado, salvo que ya hay sentencia de que a los trabajadores le quitaron el dinero y en eso no hay duda, pero parece que aquí había mucho más", motivo por el que espera que "se llegue hasta el final".
Emergencia Social
Cabe recordar que con anterioridad a la citación de Muñoz y su hijo, el Juzgado de Instrucción número 5 ya pidió a la Brigada de la Policía Judicial que hiciera gestiones sobre las entidades citadas al principio, para "determinar si las mismas gestionaban bancos de alimentos", dentro de un programa de emergencia social de la Junta de Andalucía.
Quiso saber el juzgado "desde qué fecha y hasta cuándo" gestionaron bancos de alimentos, "debiendo en su caso indicarse de modo detallado cómo se organizaban, personas que lo gestionaban, lugares y sitios de recogida, lugares de depósito, cómo se fiscalizaba el banco de alimentos, qué organismos de beneficencia entregaban los alimentos y qué destino tenían".
El juzgado también pidió a una entidad financiera que le remitiese información, "conforme al programa de Ayuda a Discapacitados de Síndrome de Down que haya recibido la Fundación Guadalquivir Futuro", la Asociación Jóvenes para el Futuro y la Asociación de Vecinos Nuevo Guadalquivir, "debiendo relacionar de modo expreso quién ha recibido las subvenciones, cómo se ha llevado a cabo la fiscalización de que el importe entregado haya tenido el destino para el que fue otorgado", desde el momento en que se empezaron a conceder y hasta la actualidad.
Es más, responsables de la entidad financiera y de una ONG cordobesa también han prestado declaración en el juzgado ya al respecto de estas cuestiones, en el marco de esta nueva investigación judicial, que se abrió a raíz de la declaración judicial previa de una sobrina de la presidenta de la Fundación Guadalquivir, Ángeles Muñoz.
En aquella ocasión, la sobrina de Muñoz señaló que ésta última podría haber llevado dinero de las ayudas para discapacitados a su familia en Jerez de la Frontera (Cádiz), afirmando también que su tía, además, llevaba gran cantidad de alimentos, de los que repartía en Córdoba, a sus familiares en la ciudad gaditana.
