SESIÓN ORDINARIA DE MAYO

El Pleno pide al Gobierno que derogue la reforma constitucional de estabilidad presupuestaria

IU califica que ese acuerdo entre PSOE y PP, así como la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local son las que "asfixian" a los ayuntamientos y provocan protestas de los trabajadores

PP Pleno
photo_camera Bancada del PP, UCOR y Ciudadanos en el Pleno celebrado hoy

Con los votos a favor de IU, PSOE y Ganemos Córdoba, la abstención de Ciudadanos y UCOR y el voto en contra del PP, el Ayuntamiento cordobés ha decidido mostrar su rechazo a la reforma de la Administración local, además de solicitar la próximo Gobierno de la nación que una de sus primeras medidas sea su derogación inmediata. A cambio creará una legislación que "vaya radicalmente en dirección contraria a la Ley hecha por el Gobierno del Partido Popular, dando a los municipios ,más capacidad de gestión directa, más competencias y más financiación para desarrollar esas competencias y aportar un mejor servicio diario a la ciudadanía".

Y es que, según Pedro García, portavoz de IU y defensor de la moción, "se trata de algo que afecta al día a día de la gestión municipal" y es lo que lleva a las protestas de los trabajadores "porque carecemos de capacidad" para contrataciones, en alusión a los representantes sindicales que han frenado el desarrollo del Pleno con gritos y pitadas.

Pedro García: "La modificación del artículo 135 de la Constitución por PSOE y PP ha sido la asfixia política, económica y social de los ayuntamientos"

En el segundo punto, la moción solicita, al mismo tiempo, al futuro Gobierno que salga de las urnas el próximo 26 de junio que derogue tanto la modificación del artículo 135 de la Constitución, Ley de estabilidad Presupuestaria y la tasa de reposición, que firmó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con el apoyo del PP, "puesto que han sido parte de la asfixia política, económica y social de los ayuntamientos", sobre todo en los últimos años.

La deuda antes que un médico o un maestro

"Se modificó la Constitución, que se supone que es lo que no debía pasar, y en ese momento lo primero que aparece es la estabilidad presupuestaria y toda la rqieuza de nuestro país, por lo que la prioridad por ley es pagar la deuda antes que pagar a un médico, un maestro o cualquier otra cosa", se ha lamentado el líder de IU, para quien "la ley sigue ahorcando a los consistorios, mientras que lo que da la puntilla es la tasa de reposición".

En los turnos de palabra, Rafael Serrano, de Unión Cordobesa, ha afirmado ser "municipalista", si bien ha considerado que son normas europeas que se tienen que cumplir sin derogar, ya que "tenemos ejemplos de otros países que no han aceptado los limites y no les ha ido muy bien ahora mismo". En definitiva, que UCOR estaba de acuerdo con el punto uno de la moción, pero no en quitar los controles a la estabilidad presupuestaria, por lo que finalmente ha optado por abstenerse.

El PP ha recordado que sólo en Córdoba se han pagado 40 millones de euros en facturas a proveedores y no a bancos

En el lado de C's, David Dorado ha asegurado que el partido naranja "apoyará una nueva ley local que dé posibilidad a los ayuntamientos a llevar a cabo sus necesidades", pero ese apoyo se ha traducido también en un a abstención. El concejal de Ganemos Alberto de los Ríos justificó su voto a favor en la necesidad de "ir hacia otro modelo diferente donde lo importante sea la gente", mientras que desde el PP José María bellido ha recordado que "el pago de las facturas por valor de 11.500 millones de euros no eran a bancos, sino a 123.000 proveedores a los que finalmente se ha compensado". Y, más concretamente, de ese total en Córdoba han sido 40 millones de euros destinados a la liquidación de esas facturas.

Más impuestos a los ricos

Finalmente, también se ha dado el visto bueno a una adición conjunta de PSOE y Ganemos en el sentido de instar al Gobierno central a realizar una auditoría social de la deuda que originó las modificaciones constitucionales y legales, que permita identificar la deuda pública que es "ilegítima, ilegal o insostenible" y actuar conforme a as recomendaciones surgidas de esa auditoría y también impulsar las reformas necesarias a nivel nacional para incrementar la recaudación tributaria "en especial sobre los ingresos más altos, las rentas de capital, las fortunas y los beneficios de las grandes empresas".

Una enmienda que fue apoyada por socialistas, Ganemos e IU, pero rechazado totalmente por PP, Ciudadanos y UCOR.