El colectivo Córdoba Laica, ante los datos conocidos por la prensa sobre los beneficios económicos del encuentro en la ciudad de decenas de pasos procesionales de toda la provincia, ha solicitado al Ayuntamiento de Córdoba que haga público un informe completo que contenga al menos el tiempo que se mantuvo cerrado el Centro de la ciudad; el número de ocupaciones de los distintos espacios públicos y su duración; los gastos en publicidad e infraestructura para la preparación y posterior retirada de todos los elementos, como palcos o sillas; el número de horas totales de dedicación de agentes municipales y de orden público a la actividad y su coste; los recursos dedicados a limpiar los espacios públicos y su coste, o las subvenciones directas si las hubiera.
Igualmente, y a través de un comunicado remitido a esta redacción y firmado por su coordinador, Manuel Luque Muñoz, se solicita explicación de los 5 millones de 'beneficios”' de los que se habla, aclarando si corresponden a tasas o impuestos recaudados por el Ayuntamiento, o, más bien, se refiere a beneficios particulares, y "si en ellos están incluidos los recaudados por las cofradías y el Cabildo en alquileres de palcos y sillas o en entradas y visitas".
Por otro lado, Córdoba Laica comparte con la Plataforma Mezquita-Catedral la "preocupación por la agresión al monumento" que supone la introducción dentro de docenas de pasos y tallas, por lo que se pide "responsabilidades por el deterioro ocasionado en un bordillo, como consecuencia de las maniobras de vehículos retirando dichos pasos".
También, Córdoba Laica denuncia la "irresponsabilidad de las instituciones públicas encargadas de velar por el patrimonio cultural al permitir usos inapropiados en un monumento reconocido como patrimonio mundial de la Unesco, emblemático de la arquitectura andalusí y del arte Omeya".
Finalmente, Córdoba Laica manifiesta su preocupación por el abuso en la utilización continuada e irrespetuosa de los espacios públicos de la ciudad por una confesión religiosa determinada, contraviniendo el derecho constitucional de la ciudadanía a no ser discriminada ni privilegiada por razones de sexo, raza, religión, etc.
