El portavoz de IU y primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García, ha informado esta mañana de que su partido va a iniciar una "ofensiva" política, administrativa y judicial para que la Iglesia devuelva los bienes inmatriculados al amparo de la modificación realizada en 1998 por el Gobierno popular de José María Aznar, y parte de esa ofensiva es el envío de sendas cartas al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez; Pablo Iglesias, de Podemos, y al portavoz de IU-Unidad Popular en el Congreso, Alberto Garzón, en las que les pide que "dentro del pacto que estáis negociando se incluya desarrollar a todos los niveles acciones que permitan revertir la propiedad de estos bienes a las administraciones públicas".
García realizó este anuncio en un escenario adecuado para la ocasión, ya que, en compañía de la eurodiputada de IU Marina Albiol, citó a los medios de comunicación al pie del triunfo de San Rafael y a la sombra de la Mezquita-Catedral, "ambos espacios inmatriculados", y a escasos metros de la sede del Obispado. Allí, ha adelantado que las acciones por parte de IU se iniciarán en las próximas semanas, a fin de poner "el foco de lo que está pasando, lo que pasa y lo que queda por pasar en los próximos meses y años acerca de lo que consideramos el mayor expolio urbanístico de los últimos tiempos en este país".
La idea de inmiscuir a los tres partidos citados a nivel nacional es para que sus líderes sepan de la importancia que este tema tiene para una parte no pequeña de la ciudadanía y, al mismo tiempo, supone "la lucha de muchos ayuntamientos, como el de Córdoba, progresistas que tratan de recuperar lo que es de dominio público".
La presencia de la europarlamentaria, que ya ha visitado la capital cordobesa en varias ocasiones anteriores, se explica en el hecho de que IU va a iniciar acciones codo con codo con otras administraciones y organizaciones sociales y políticas, como es el caso de la Plataforma Mezquita-Catedral, parar remar todos en el mismo sentido y tratar "de que se devuelva al pueblo lo que es suyo, tras la modificación del Gobierno de Aznar que permitió a la Iglesia Católica apropiarse de muchos bienes públicos".
Buscando un juez abierto
Preguntado por las acciones judiciales aludidas, el líder cordobés de IU simplemente apuntó que se va a seguir denunciando la situación, bien de forma conjunta o bien caso por caso, hasta dar con un juez que "entienda que lo que se ha hecho es anticonstitucional". Una cuestión que, para García, debería de implicar que el Tribunal Constitucional "se tiene que pronunciar sobre lo que ocurrió en su momento".
García no desaprovechó la ocasión para desvelar que "no nos ha gustado nada" la respuesta que ha dado la Junta a la proposición no de ley que se va a presentar en el Parlamento andaluz para instar al Ejecutivo andaluz que solicite el listado de bienes inmatriculados en Andalucía. Esa respuesta la dio esta misma mañana en Córdoba la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, quien señaló que, de aprobarlo el Parlamento, "pediríamos al Gobierno central ese listado, ya que nosotros no lo tenemos".
"Me parece de muy poca responsabilidad política que se le pida al Gobierno y no lo haga la propia Junta, que es la legisla en patrimonio, como ha hecho el Gobierno vasco o el Ayuntamiento de Córdoba, que es pedirle al Registro de la Propiedad los bienes que ha inmatriculado la Iglesia", ha dicho al respecto.
Llamada a la Comisión Europea
Por su parte, Albiol ha denunciado que la Comisión Europea se ha desentendido de esta situación "que vulnera las legislaciones europeas y no puede seguir mirando para otro lado, por lo que tiene que exigir que se devuelva lo que se inmatriculó".
Se trata de un "expolio de patrimonio público" permitido porque "lo han hecho los poderosos y la Iglesia Católica" al amparo del Gobierno español, que ha tratado de ocultar siempre el listado de esos bienes, sobre los que "no se sabe con certeza la cantidad". En el caso concreto de la Mezquita, la europarlamentaria ha apuntado que se trata de un auténtico símbolo de la diversidad cultural europea y con su apropiación "se vulnera la carta de derechos fundamentales de la UE".
