• Martes, 23 de Mayo de 2017

DISTRITO CENTRO

El Palacio de Congresos no tendrá una gestión pública

Se hará a través de un contrato de servicio público, mediante concesión administrativa

Palacio de Congresos de Córdoba en la calle Torrijos
Palacio de Congresos de Córdoba en la calle Torrijos

El Palacio de Congresos de Córdoba se gestionará a través de un contrato de servicio público, mediante concesión administrativa, según el acuerdo alcanzado este viernes en la reunión que ha mantenido el delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, Manuel Carmona, con representantes del Ayuntamiento de la capital cordobesa y de los agentes económicos y sociales.

En concreto, según ha informado la Junta, han asistido a la reunión, además del delegado, el jefe del Servicio de Comercio de la Junta en Córdoba, Crescencio Peñas; el presidente de la patronal CECO, Antonio Díaz; el de la Cámara de Comercio de Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa; el secretario general de UGT-Córdoba, Vicente Palomares; la secretaria general de CCOO-Córdoba, Marina Borrego; la secretaria general de la Delegación de Turismo de la Junta en Córdoba, Auxiliadora Fernández, y la concejala de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Córdoba, Mar Téllez.

Esta ha sido la segunda sesión de trabajo que se celebra para tratar el tema y responde al compromiso adquirido por la Junta el pasado 10 de marzo, en cuanto a contar con la opinión de todos los sectores implicados a la hora de tomar una decisión sobre el plan de usos de este equipamiento congresual.

Todos los participantes en el encuentro han acordado, igualmente, continuar avanzando, en futuras reuniones, en la definición de los elementos que comprenderán el objeto del Plan de Usos, que deberá definir el objeto de la gestión pública de celebración de congresos, actividades culturales, exposiciones y demás eventos dirigidos a la promoción turística y económica de Córdoba.

Carácter técnico

Igualmente, ha habido acuerdo en que la futura gestión del Palacio de Congresos "debe tener un carácter técnico y profesional, como garantía de desarrollo de una buena gestión". Junto a ello, la Junta de Andalucía, como órgano de contratación, definirá las cuestiones técnicas y administrativas a las que deberá ajustarse el procedimiento de adjudicación.

El delegado de Economía, por su parte, ha manifestado su satisfacción por el clima en que se ha desarrollado la reunión y por el acuerdo alcanzado. Manuel Carmona ha afirmado que la Junta de Andalucía ha querido, desde el primer momento, que en la definición del Plan de Usos participen los agentes económicos y sociales.

"En la reunión de hoy -ha añadido-, además, se ha adquirido el compromiso de crear una Comisión de Seguimiento del Plan de Usos", de tal forma que "la creación de dicho órgano quedará reflejada en los documentos técnicos y administrativos de la licitación y en ella se integrarán los agentes sociales en la calidad que se determine", habiéndose ya establecido que la Comisión "supervisará la ejecución del Plan de Usos y adoptará las decisiones y dictará las instrucciones necesarias para asegurar la correcta realización del Plan de Usos".

El delegado ha señalado que, "de la calidad de la gestión del Palacio de Congresos de Córdoba dependerá el futuro de amplios subsectores que operan dentro de la industria congresual. De ahí la importancia que tiene que el Plan de Usos defina, con la mayor precisión posible, todos los aspectos relativos a la gestión del Palacio de Congresos. En consecuencia, reuniones como la que ha tenido lugar hoy contribuyen, en un proceso participativo, a asegurar la mejor prestación de éste importante servicio público, garantizando su sostenibilidad".

Opinión de CCOO

Por su parte y en un comunicado, la secretaria general de CCOO-Córdoba, Marina Borrego, ha defendido la viabilidad de "una gestión pública" del Palacio de Congresos, mientras que "el resto de administraciones y agentes sociales y económicos han optado por una gestión privada del mismo".

En todo caso, la responsable sindical ha dicho esperar que "en la licitación se exijan las garantías necesarias para asegurar que se respetan los derechos de los trabajadores y trabajadoras".